esva

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados considera inútiles y preocupantes las medidas procesales y organizativas del RDLey 16/2020

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ha defraudado las expectativas de la Abogacía de la Comunidad Valenciana, dado que ni agilizará la justicia ni servirá para recuperar el tiempo perdido debido a la crisis sanitaria. Las medidas procesales y organizativas que contiene son nimias e ineficaces para combatir, no ya la inoperante y desastrosa situación de la justicia pre-crisis sanitaria, sino tampoco la agravación que se ha producido a raíz de la suspensión de plazos, términos y actuaciones, desde el dictado del RDL de estado de alarma y sus prorrogas posteriores.

La abogacía es la única profesión que interviene antes, durante y después del procedimiento judicial y, por ello, conoce a la perfección tanto las necesidades de sus clientes (la ciudadanía) como las de la administración de justicia, es la primera interesada en el buen funcionamiento de la justicia y se erige como una voz experta que debe escucharse para legislar las soluciones al endémico y ahora más agravado colapso judicial. Debe recordarse también que la abogacía está y ha estado trabajando durante la pandemia, cumpliendo al 100% su labor de asistencia letrada a la ciudadanía, las 24 horas del día.

El Ministro de Justicia ha apelado al diálogo mantenido con todas las partes implicadas, pero lo cierto es que las manifestaciones de la abogacía, la procura o de las asociaciones de Jueces o Fiscales no han sido escuchadas y el resultado ha sido un RDL meramente cosmético que no soluciona ni uno solo de los problemas que tenía, tiene y, vistas las medidas adoptadas, desgraciadamente seguirá teniendo, la administración de justicia.

Efectivamente, las medidas adoptadas por el Ministerio, resultan del todo ineficaces e inoperativas. El RDL ni dota ni impone realmente la dotación de medios tecnológicos a los funcionarios para teletrabajar con seguridad, se “recomiendan” las vistas telemáticas pero no se adopta ni una sola medida para su implantación, no se crean nuevos juzgados, ni se crea o impone la creación de un expediente electrónico accesible para todos telemáticamente sino que, en 2020, se perpetúa la justicia del papel, de la llamada telefónica, del fax como medio de notificación y del voluntarismo de quienes con su sobresfuerzo consiguen que en sus juzgados los retrasos sean “razonables”.

Por estos motivos las propuestas del RDL están abocadas al fracaso y la cosmética medida de habilitar 20 días de agosto no sólo no ayudará a solucionar el problema sino que lo agravará, dado que ello obviamente no modifica ni puede modificar el derecho a las vacaciones de los funcionarios, LAJs, jueces y fiscales, que en consecuencia se escalonarán a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, convirtiendo esos tres meses en inoperativos al faltar alguna de las personas necesarias para el impulso del expediente o la celebración de juicios.

Echamos en falta eso que con carácter general se ha denominado “la nueva normalidad”, desconocemos la desescalada judicial, cuáles van a ser sus fases, qué pasa con los señalamientos de este mes y de los próximos. ¿Qué planes tienen? ¿Qué y cómo se va a hacer? La Abogacía, y la ciudadanía a la que defiende, vive sumida en el desconcierto y ni siquiera conoce si los juicios que se iban a celebrar mañana, o la semana que viene, se celebrarán o no, porque el RDL no indica ni un solo criterio para saberlo y, ante esa falta de instrucciones, cada Juzgado éstá haciendo lo que considera oportuno sin advertencia previa. El efectivo derecho de defensa es totalmente incompatible con la premura y la desorganización.

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados exige que se adopte un plan eficaz, operativo y real para remontar la inactividad casi total de la justicia por la crisis sanitaria y una vuelta a la plena actividad reglada y consensuada que permita a la Abogacía llevar a cabo su ejercicio, con la profesionalidad y dignidad que le honra y que la ciudadanía necesita. Por ello, exigimos al Ministerio de Justicia que atienda las propuestas que la Abogacía Española, como interlocutora experta y leal, le está haciendo para encontrar las soluciones a esta crisis de la justicia. Es tiempo de rectificar.