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La consellera de Justicia informa a la Sala de Gobierno del TSJCV sobre el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha mantenido recientemente una reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para explicar a sus miembros los detalles del proyecto básico de rehabilitación de la Real Casa de la Aduana de València, sede del Alto Tribunal Valenciano, antes conocido como Palacio de Justicia.

La renovación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia supone una inversión de más de 24,3 millones de euros y la previsión es que las obras empiecen en el primer trimestre de 2021 y concluyan en el primer trimestre de 2024. En este sentido, no solo se va a renovar y modernizar un edificio histórico, sino que se adecuará a las necesidades y funciones del Alto Tribunal, teniendo muy en cuenta, además, que cada día trabajan en sus 11.000 metros cuadrados más de medio millar de personas, entre ellas, toda la cúpula del poder judicial en la Comunitat Valenciana, informó la titular de Justicia.

La Real Casa de la Aduana de Valencia es un edificio de 261 años de antigüedad. Ha servido, -además de para lo que fue concebido en tiempos de Carlos III- como fábrica de tabacos desde 1828 y, desde hace más de un siglo (1914), como Palacio de Justicia. Está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural según la legislación autonómica. “Estamos, -recordó la consellera-, ante un inmueble que goza del más alto nivel de protección lo que obliga a ser especialmente cuidadosos en una intervención que, por otra parte, es muy necesaria”.

El edificio tiene problemas estructurales causados por la humedad que ha afectado, sobre todo, a las vigas de madera y también de instalaciones de suministro de energía, agua y climatización lo que afectaba a las condiciones de trabajo y a los usuarios. El proyecto de rehabilitación también apuesta por eliminar elementos añadidos a lo largo de los años que no tienen ningún valor patrimonial, arquitectónico ni funcional.

Además, “la singularidad del edificio nos ha obligado a ser especialmente escrupulosos con todo el proyecto y, también, ha habido que considerar que la actividad del Alto Tribunal no puede pararse”, afirmó la consellera. De ahí que lo primero fuera encontrar y habilitar una sede provisional adecuada para el TSJ. El inmueble elegido fue el edificio que un día albergó la Conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás de Valencia donde el TSJ se trasladó entre el 8 y el 19 de julio pasados.