La Abogacía Valenciana sale a la calle para exigir una solución inmediata al estado de la justicia del país

Los Colegios Profesionales de la Abogacía de la Comunitat Valenciana se han unido a las concentraciones simultáneas convocadas para el pasado 28 de junio, en las que se han reclamado medidas urgentes para resolver el colapso que vive la Justicia debido a las continuas huelgas que viene padeciendo desde inicios del año 2023.

Por ello, la abogacía valenciana exige la decidida implicación de todas las administraciones y operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la justicia. A todos ellos, se les exige la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y del conjunto de la ciudadanía.

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, han reivindicado que “la justicia paralizada no es justicia”. Su decano, Ricardo de la Encarnación, ha declarado que “la actual situación del servicio público de justicia es insostenible. Las sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas”.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), con su decano, Fernando Candela Martínez, a la cabeza de la concentración, han reivindicado que esta concentración “no se dirige sólo contra la situación coyuntural que viven juzgados y tribunales, sino que va mucho más allá para reclamar una reforma decidida y en profundidad de este servicio público esencial”.

Además, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, y su Junta de gobierno se han concentrado en el Decanato de las Oficinas del Colegio donde Ferrer ha leído ante los asistentes y la prensa un manifiesto donde exponía la preocupación de los letrados por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales que tienen colapsado el servicio público de justicia de nuestro país.  «No podemos esperar un año a que comience a celebrarse un juicio, no digo ya la sentencia, son plazos que no son razonables», ha declarado.

Así mismo, el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón ha denunciado en el manifiesto leído por su decano, Manolo Mata, que «nuestro país se acerca peligrosamente a una situación en la que la justicia no esté garantizada para una amplia mayoría de la población que necesita acudir a los juzgados a reclamar sus derechos cuando ha existido una vulneración de los mismos», además de que «nuestros gobernantes se muestran incapaces de resolver una situación calamitosa en el servicio público de justicia».

Por su parte, los abogados y abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) han recordado que «el actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de la Justicia nos afecta a todos. Con miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta inasumibles, la Justicia sufre una grave crisis reputacional y graves ineficiencias”.

Y también desde Alicante, el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela ha incidido durante su concentración en “la denuncia del deterioro actual del sistema público de Justicia. y su necesaria reactivación inmediata”. Así mismo, el Ilustre Colegio de Abogados de Sueca también ha abogado por “la reactivación inmediata y plena del servicio público de justicia, así como por el derecho de la abogacía y ciudadanía a una justicia ágil, eficaz, independiente”. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el decano del colegio, José Soriano, ha denunciado que la situación actual en la justicia “es de auténtico colapso, dramática y caótica. Una situación que no se da de tal manera en cualquier otro servicio público”, ante lo que exige “dignidad y respeto para la profesión”.

Todos los letrados y letradas que conforman la abogacía valenciana han sumado sus fuerzas para visibilizar el malestar que sufre la profesión por la situación de la administración de Justicia, agravado tras varios meses de huelga. Por ello, se exige una solución que les permita normalizar su actividad profesional para lograr dar respuesta al derecho de la ciudadanía a obtener de los poderes públicos una tutela judicial efectiva.