Las VIII Jornadas de las Juntas de Gobierno organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, se han aprovechado para llevar a cabo una concentración en que mostrar la solidaridad de la Abogacía con el país asiático ante la amenaza para los Derechos Humanos, especialmente para las mujeres, que supone la llegada al poder de los talibanes. En el acto ha estado presente el ex fiscal general de Afganistán, Zabihuláh Karimullah, evacuado con su familia a finales de agosto por militares españoles.
Durante la concentración que ha llevado por lema “Libertad y dignidad para Afganistán”, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha expresado su “profunda preocupación ante la situación del pueblo afgano”. Y por ello ha pedido a los gobiernos occidentales que se garantice la protección de los afganos que estén en peligro y se facilite su salida del país, que haya una respuesta conjunta de condena en el marco de la ONU y la UE, y que no se reconozca al régimen talibán, al que calificó de “inadmisible”.
En estas jornadas, están presentes la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Ángela Coquillat, junto con los decanos y decana de la Comunidad Valenciana y sus juntas de gobierno, al igual que las del resto de los Colegios de la Abogacía y los consejos autonómicos de toda España.
Las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía dieron comienzo el miércoles, 8 de septiembre, con más de 800 participantes. Tres días en los que se debatirá sobre los retos que enfrenta actualmente la profesión. “Vamos a hablar de presente, pero sobre todo de futuro”, afirmó la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en el acto de inauguración, en el que destacó la “función de la abogacía como garante de la tutela judicial efectiva” y “la posición central de nuestra profesión en el funcionamiento del sistema de justicia”.
También se debatirá cómo mejorar los servicios que se prestan a los colegiados y a la ciudadanía. También se analizarán los cambios que ha introducido el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Uno de los más destacados es la regulación del secreto profesional que, como destacó Ortega, “se encuentra en la base misma del derecho de defensa y se configura como un derecho de la ciudadanía. Es una garantía constitucional que una democracia está obligada a salvaguardar siempre”.
