- Expertos en el desarrollo de los métodos adecuados de resolución de controversias analizan los cambios que introducirá la nueva norma en el sistema de Justicia.
- La magistrada y asesora del Gabinete del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Ana Carrascosa, avanza que el anteproyecto podría publicarse el próximo mes de enero.
La aprobación del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia supone un amplio abanico de oportunidades de trabajo para los operadores jurídicos y se configura como una mejora del sistema de justicia que ofrece a la ciudadanía distintas opciones para poder resolver sus controversias. Estas han sido las principales conclusiones de la primera actividad de la Semana de la Mediación en la Comunidad Valenciana, organizada por la Conselleria de Justicia, la Universidad de Alicante (UA), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), entre otras instituciones.
El director general de Reformas Democráticas de la Conselleria de Justicia, José García Añón, y el decano del ICALI, Fernando Candela Martínez, ha sido los encargados de inaugurar esta IV edición de las jornadas que se desarrolla en toda la Comunidad Valenciana, acompañados por la profesora titular de la UA y directora del Convenio UA- Conselleria de Justicia, Verónica López Yagües, y el responsable de mediación y diputado de Junta de Gobierno del ICALI, Miguel Ángel Martínez Martínez.
A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda Una aproximación interdisciplinar a la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, integrada por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón Hernández; la magistrada y asesora del Gabinete del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Ana María Carrascosa Miguel; el abogado y mediador y miembro de la Subcomisión de Métodos de Resolución de Conflictos de la Abogacía Española, Arturo Almansa y la abogada y mediadora y también miembro de esta Subcomisión, Beatriz de Pablo Murillo. Finalmente, las conclusiones han estado a cargo de la abogada y mediadora, María Dolores Hernández Gutiérrez.
Los expertos han coincidido en la mejora que supondrá para el sistema de Justicia la aprobación de esta norma, que se prevé, según avanzó la magistrada Ana Carrascosa, para el próximo mes de enero.
«Tenemos mucho trabajo por delante, debemos preparar el escenario de este nuevo sistema de Justicia. Si la ciudadanía nos dice que la Justicia tarda, que no es cercana, que una sentencia no resuelve el conflicto, nos piden que resolvamos sus controversias a través de otros métodos», ha afirmado Carrascosa.
El anteproyecto introduce dos fórmulas para fomentar el uso de estos métodos adecuados de resolución de controversias -que agrupa a la mediación, el arbitraje, la negociación, entre otros-. Por un lado, intenta acabar con el abuso del procedimiento favoreciendo un sistema más sostenible, y por otro, incluye un sistema de sanciones, de modo que quienes rehúsen a hacer uso de estos métodos como fase previa a la judicialización del conflicto pueden incluso tener que pagar costas aun habiendo conseguido una sentencia favorable.
El papel de la abogacía
Tanto Almansa como de Pablo han subrayado el papel de la abogacía y de quienes ejercen su profesión como operadores jurídicos en el desarrollo de este anteproyecto de Ley. «Tenemos que profundizar en el diagnóstico del conflicto y como abogados y abogadas nuestro trabajo es ofrecer la mejor solución a nuestros clientes. Para la abogacía es una oportunidad de especializarse», ha recordado Almansa.
