La Associació de Juristes Valencians organizó en la mañana de ayer un acto en el Congreso de los Diputados con el fin de reivindicar la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano. El encuentro por ha tenido lugar tras haber planteado una proposición de reforma constitucional por parte de Les Corts, para la incorporación a la disposición adicional segunda de la Carta Magna de un nuevo párrafo, que posibilite la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano, materia inaplicable desde hace ya 5 años. La propuesta reformista valenciana fue presentada, y está a la espera de su tramitación por parte de la Junta de Portavoces del Congreso, hace casi 16 meses, el 28 de febrero de 2020.
El acto contó con la presencia de una importante representación de la sociedad civil y el municipalismo valenciano. Entre ellos, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca, Jesús Salvador, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, Ricardo de la Encarnación, así como el presidente de AJV, José Ramón Chirivella; el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau; el vicepresidente de la Generalitat, Jorge Bellver; la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo; y distintos secretarios autonómicos y secretarios generales, como Francesc Gamero, Jorge Alarte o Zulima Pérez, entre otros.
Durante la jornada, los asistentes se hicieron una fotografía en la escalinata principal de acceso al Congreso de los Diputados. Seguidamente, en la sala constitucional se celebró una jornada divulgativa acerca de la motivación de la reintegración del Derecho Foral Valenciano. En la sesión, participaron numerosos expertos y representantes del municipalismo y la sociedad civil, y contó, asimismo, con la destacada intervención de Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional.
La reforma constitucional es la solución promovida por Les Corts para ejercer de forma efectiva la competencia legislativa prevista en el Estatuto de Autonomía (la LO 1/2006), norma aprobada mediante ley orgánico y, por tanto, ley estatal, que contó con un enorme respaldo parlamentario de los diputados del Congreso y los senadores hace 15 años.
Las manifestaciones de esa competencia valenciana cristalizan con la aprobación de 3 normas de ámbito familiar: la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (ley valenciana de custodia compartida) y la 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana.
La singularidad del supuesto reside en que de “facto”, pese a la voluntad política conjunta, de diputados, senadores y los diputados de Les Corts Valencianes, de conferir la competencia legislativa, los recursos de inconstitucionalidad planteadas contra los desarrollos legislativos de esa competencia determinaron que fueran declarados nulos e inconstitucionales, por lo que diferentes Sentencias del TC ( 82/2016, 110/2016 y 192/2016 ), vaciaron de contenido práctico las previsiones estatutarias y banalizan la relevancia que el Estatuto confiere a esta materia.
Por lo tanto, la capacidad legislativa civil fue ejercida entre 2008 y 2016, y resulta todavía aplicable a 300.000 valencianos que constituyeron relaciones jurídicas al amparo de las leyes de uniones de hecho, custodia compartida o separación de bienes durante la vigencia de esas normas.
Caracteriza la Propuesta Valenciana, que no aspira a introducir cambios legislativos para ampliar el ámbito competencial valenciano, por el contrario, se pretende reformar la constitución para hacer efectivo un nivel de autogobierno ya aprobado por el Congreso y Senado en el año 2006.
El apoyo a la modificación constitucional es muy relevante dada la transversalidad política, social y cívica, y cívica de la iniciativa. Es la vía para solucionar política y jurídicamente una incongruencia de nuestro sistema constitucional. Se trata de una modificación concreta y necesaria de nuestra Constitución para garantizar el ejercicio “efectivo” de la capacidad legislativa civil autonómica.
L´Associació de Juristes Valencians presentó formalmente a los grupos parlamentarios de Les Corts la redacción propuesta y fue planteada como Proposición de Ley conjunta por los síndicos de cuatro grupos parlamentarios (Partido Popular, PSOE, Compromís y Podemos) en el Parlamento Valenciano.
Constituye una singularidad o excepción en esta legislatura la transversalidad ideológica de esta Proposición de Ley conjunta aprobada por les Corts Valencianes, que sólo pretende recuperar el autogobierno en materia civil nominalmente previsto en el Estatuto valenciano hace más de 15 años.
La legitimidad constitucional de esta propuesto tiene un fundamento similar a la de la configuración autonómica. El art. 151-1 CE requería para acceder a la máxima autonomía junto con el acuerdo de las diputaciones provinciales afectadas un relevante apoyo poblacional superior al 50% del censo de cada provincia y del 75% de los municipios de la demarcación provincial. Conviene recordar que, en el año 1978, 512 municipios de las tres provincias valencianas solicitaron acceder a la autonomía a través de la previsión del art. 151-1 y actualmente son 523 de los 542, que representan al 99% de la población, los que solicitan la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano.
