La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, ha participado esta mañana en una reunión de trabajo con la consellera de Justicia,Transparencia y Participación, Nuria Martínez, en la que se han abordado diversas cuestiones de especial relevancia para el ejercicio de la abogacía y para el funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.
En el encuentro también ha participado el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, dentro del trabajo de coordinación que mantienen las instituciones representativas de la abogacía valenciana con la Conselleria de Justicia.
Durante la reunión, la presidenta del CVCA ha trasladado a la consellera las principales inquietudes de la profesión, entre ellas la mejora de las retribuciones del Turno de Oficio, la implantación de Justiprop prevista para 2027 y la necesidad de facilitar el acceso inmediato de los letrados al expediente judicial digital, así como las incidencias detectadas en la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.
Asimismo, durante el encuentro se ha abordado la necesidad de que la Conselleria habilite espacios adecuados en todas las sedes judiciales para el desarrollo de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), tras la Sentencia 679/2026, así como la modificación de la Ley de Colegios Profesionales para incorporar el aseguramiento obligatorio de los profesionales.
La reunión también ha servido para analizar el estado de las obras del Palacio de Justicia de Valencia y de otras sedes judiciales de la Comunitat Valenciana, así como otras cuestiones relacionadas con la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de los recursos destinados al servicio público.
El encuentro ha permitido poner sobre la mesa las principales necesidades de la abogacía valenciana y continuar el trabajo conjunto entre la Conselleria de Justicia y los representantes de los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana para avanzar en aquellas cuestiones que afectan al ejercicio profesional y a la prestación del servicio público de Justicia.
