El día 24 de enero de 2023, los Letrados de la Administración de Justicia iniciaron una huelga indefinida, sin precedentes, que a día de hoy, mes y medio después todavía continua. Como abogados respetamos el derecho constitucional a la Huelga de cualquier trabajador y respaldamos las legítimas reivindicaciones de los LAJS frente al Ministerio de Justicia.
Esto ha supuesto la paralización total de la Administración de Justicia, afectando a todo tipo de procedimientos, pues el 62% de los LAJ secunda la huelga, y en concreto en el Partido Judicial de Alzira, es del 100%. Se han suspendido vistas, sin tener en cuenta el tiempo que podrían estar señaladas, paralizado el dinero consignado en los Juzgados, y en definitiva, no se ha llevado a cabo ninguna actuación en la que intervenga o pueda intervenir el LAJ, habiendo juzgados que ni siquiera reportan información alguna respecto a un expediente ni permiten realizar un “apud acta”, una ratificación, o trámites en los que en la práctica diaria y habitual no está presente el LAJ.
El derecho de huelga ejercido por los LAJS, colisiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24 de la CE. Es por ello, que algunos Colegios de Abogados ya han recomendado a los letrados que soliciten la celebración de las vistas de juicio aun con su ausencia física, siendo la decisión sobre la celebración de los juicios jurisdiccional. Y que tal solicitud, se haga por escrito para evitar posibles futuras nulidades.
Desde el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y desde el Colegio de Alzira en particular, consideramos que al ser la administración de justicia un servicio esencial, debe incluirse un porcentaje mínimo de procedimientos a celebrar, ampliándose para incluir más trámites dentro del catálogo de servicios mínimos o esenciales. Deben atenderse aquellas actuaciones que afecten directamente a caducidad de las acciones, suspensión de los plazos para solicitar abogado de oficio, comparecencias, asuntos de familia en los que se vean involucrados menores, incapaces, siendo de obligado cumplimiento como servicio mínimo.
Esta situación es insostenible, pues supone una paralización y por ende, un retraso en la Justicia, que ya de por si no cumple con unos tiempos justos para los justiciables. Se han llevado a cabo ya algunas reuniones entre este colectivo y el Ministerio de Justicia, sin al parecer, llegar a buen entendimiento. Por lo que desconocemos cuanto más puede alargarse esta fatídica situación, ya que parece que en un principio el Ministerio negaba el conflicto, posteriormente lo ha minimizado y ahora se está alargando en el tiempo. Pero no se están dando visos de llegar a una solución.
El perjuicio que se está causando a los ciudadanos, principalmente, es irreparable, y se prevé que este retraso acumulado tarde años en regularizarse. Además de a los ciudadanos, esta huelga está afectando colateralmente ya a otros colectivos como el nuestro, el de la abogacía y la Procuraduría, pues al final, hay cinco cuerpos que se suben a un estrado, el juez, el fiscal, el LAJ, los abogados y los Procuradores, y sin estos cinco cuerpos no funciona el engranaje.
Desde nuestro colectivo, hacemos un llamamiento a la resolución del conflicto, con flexibilidad y diálogo, para que se pueda alcanzar un acuerdo pensando en el bien general y en los justiciables, que son los que más lo están sufriendo, e interesamos que se atienda, por lo menos, el catálogo de servicios mínimos establecido, para minimizar en la medida de lo posible, las graves consecuencias que va a conllevar esta huelga indefinida, incluso pensar en algún plan de choque, para implantar refuerzos en los órganos judiciales una vez se produzca el alzamiento de la huelga.
Por lo que se insta al Ministerio de Justicia para que de forma inmediata se siente a negociar y llegue a un acuerdo con los sindicatos convocantes de la huelga, levantando la huelga indefinida.
“POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA, LA JUSTICIA NO SE PUEDE PARAR”
